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Santo Domingo.– El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva contra el exfuncionario Santiago Hazim y otros seis imputados vinculados al presunto desfalco del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
La decisión fue adoptada durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción, en la que el tribunal concluyó que no han variado los presupuestos jurídicos que dieron origen a la prisión preventiva, por lo que se mantiene vigente la medida restrictiva de libertad.
El magistrado sostuvo que la privación de libertad continúa siendo la vía más adecuada para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial, debido a la complejidad del caso y a la gravedad de los hechos que se les atribuyen.
Junto a Hazim, el tribunal dispuso la continuidad de la medida contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma, todos señalados por el Ministerio Público en la investigación del caso.
El juez explicó que persiste el riesgo de incomparecencia de los imputados, tomando en cuenta la magnitud del expediente, la posible sanción penal y el presunto perjuicio ocasionado a los fondos públicos administrados por el sistema de salud estatal.
Asimismo, el tribunal consideró que, conforme a la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva se mantiene como una medida proporcional, razonable y necesaria dentro del proceso.
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Durante la audiencia, el juez también evaluó la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, sin embargo, concluyó que las circunstancias actuales del proceso no justifican una libertad bajo fianza ni otro tipo de medidas alternativas.
En ese sentido, el tribunal ordenó de manera formal la continuación de la prisión preventiva, reiterando que no existen elementos nuevos que permitan variar la decisión previamente adoptada.
La lectura íntegra de la resolución fue fijada para el próximo 21 de mayo, fecha a partir de la cual comenzarán a correr los plazos legales correspondientes para la interposición de recursos de apelación por las partes involucradas.
De igual forma, el tribunal estableció el 30 de julio como fecha para la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, manteniendo a todas las partes debidamente citadas para esas audiencias.
