English
La tensión en torno al posible incremento del arancel a las galletas importadas volvió a escalar este lunes, luego de que el presidente Luis Abinader reaccionara públicamente a la advertencia de que la Comisión de Defensa Comercial (CDC) evalúa elevar de 20% a 87% el gravamen aplicado a los productos provenientes de países sin acuerdos de libre comercio con República Dominicana.
Al ser preguntado sobre el tema en LA Semanal, el mandatario, sorprendido por la noticia, afirmó que “se enteró hoy” del caso y aseguró que el Gobierno dará seguimiento para tomar “las medidas apropiadas”, adelantando que el anuncio le parece “fuera de lugar” y que se revisará a fondo el tema para proteger a los consumidores.
“Yo me enteré de esa situación el día de hoy. Nosotros vamos a darle seguimiento para tomar las medidas apropiadas. Me parece que esos anuncios están fuera de lugar, con una tasa que no se corresponde. Siempre tomaremos decisiones favorables para el bolsillo de las familias”, respondió directamene el gobernante.
La reacción presidencial llega en un momento crítico: las principales cadenas de supermercados —CCN, Grupo Ramos, Bravo y Híper Olé— depositaron ante la CDC una impugnación formal en la que solicitan suspender de inmediato la investigación por salvaguarda, denunciando “grave indefensión”, falta de acceso al expediente y errores estructurales en el proceso.
Aseguran que la CDC avanza sin contar con información esencial sobre estados financieros, causalidad económica ni datos verificables que sustenten el alegado “daño grave” de los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao, que controlan el 92% de la producción nacional .
El documento de impugnación también advierte que la descripción del producto investigado —galletas en casi todas sus variedades— es tan amplia que imposibilita cualquier análisis técnico serio, y que el plazo otorgado para completar los formularios obligatorios vence sin que la autoridad haya entregado los anexos necesarios. Para los supermercados, esto convierte el proceso en un procedimiento “jurídicamente insostenible”.
El trasfondo económico agrega presión: según las proyecciones ingresadas al expediente, un arancel total de 87.1% provocaría aumentos superiores al 50% en los precios al consumidor, duplicando el costo de los paqueticos que se venden en colmados y afectando a más de 2.2 millones de hogares de menores ingresos que dependen de estos productos de consumo básico. En un caso citado en el expediente, una galleta que hoy se vende a RD$10 pasaría a RD$15 por efecto directo del arancel, debido al incremento del costo de importación y la ausencia de monedas de denominación intermedia .
Las cadenas también alertan que la decisión podría afectar la recaudación fiscal —más de RD$600 millones anuales— y crear un monopolio de facto en favor del duopolio local, que además importa desde Guatemala y Costa Rica pagando 0% por efecto del DR-Cafta .
La CDC tiene prevista una decisión preliminar el 16 de diciembre. Tras la intervención del presidente, el proceso entra en una zona de revisión política y técnica. Pero el mensaje es claro: en un contexto de sensibilidad por precios y costo de vida, cualquier medida que pueda encarecer alimentos básicos se convierte en un asunto de primer orden para el Gobierno.
