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Tenemos que llegar a la triste conclusión de que los pacientes que acuden a las clínicas, o que buscan las coberturas sanitarias de salud, están en la más absoluta indefensión, tanto de sus derechos para acceder a las atenciones de salud y servicios hospitalarios, como en el ejercicio de su libertad y su dignidad que debe garantizar todo Estado a sus ciudadanos. Sirven de muestra los abusos que cometen las clínicas al exigir depósitos para atender a un paciente.
Permitir que a un dominicano enfermo se le denigre de paciente a cliente, aun cuando disponga de una tarjeta de un seguro, es el colmo de la falta de autoridad en el Estado dominicano. Garantizar la vida, el bienestar, el sentido de pertenencia y la autorrealización de sus expectativas de vida son las responsabilidades intransferibles de cualquier autoridad, sin importar que estemos en una democracia, en una plutocracia, en una dictadura.
Sentimos vergüenza legislativa al ver que las responsabilidades y las obligaciones del Congreso de la República son asumidas por entidades como el Consejo Económico y Social, sin ninguna facultad constitucional para ello, máxime, cuando en la Cámara de Diputados y el Senado existen tres comisiones que, desde septiembre de 2020, tienen el mandato de modificar la Ley de Seguridad Social, con el objetivo de resolver estas demandas, por parte de la sociedad y de los ciudadanos.
Son indecentes estas acciones criminales de las clínicas y de las aseguradoras de salud, pues violan las leyes y los derechos de los ciudadanos para buscar beneficios pecuniarios, a costa de desmedrar la salud de los pacientes. Ponen en riesgo las vidas de dominicanos sin ninguna consecuencia, porque vivimos una democracia raptada “a quema ropa” por los grupos financieros de poder. Son ellos los bancos, los usureros, quienes trazan las pautas políticas de las instituciones del Estado, como la DIDA, SISALRIL y la SIPEN.
Crear un fondo de garantías es una aberración, sería darle un banco de sangre a un vampiro, pues es esa la religión que han creado los políticos, los bancos y los sindicalistas, con la Ley de Seguridad Social. Estamos ante un verdadero esquema de vampirismos democrático, donde los chupasangres mandan y deciden las reglas. Esperamos el despertar de nuestros colegas congresistas, a fin de que asumamos las obligaciones y las responsabilidades que nos confiaron los ciudadanos, las de defender los intereses de la nación.
