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SANTO DOMINGO.- La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó a un tribunal de esta demarcación la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que sea declarado complejo el caso seguido en contra de siete personas involucradas en una estafa electrónica por más de RD$27 millones, en perjuicio del cliente de una entidad bancaria.
La medida fue solicitada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en contra de Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Frank Ambras Santos, Anlly Luz Solano Adames, Evelin Esmeralda Tejeda Méndez, Starling Javiel Pérez Vicioso y Yessica Rosaura Escalante Heredia, arrestados la pasada semana en un amplio operativo en el que fue desmantelada la red delictiva.
La investigación, que estuvo dirigida y coordinada por el fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo, conjuntamente con los fiscales Waldimir Reynoso Cabrera y Nehemías Salazar, del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de esta Fiscalía, establece que el fraude contra la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de este año.
La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que la vinculan a la estafa millonaria contra el cliente y su banco.
El Ministerio Público sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron el acto ilícito tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica. Señala que realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27, 197,966.07.
Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.
El Ministerio Público atribuye a los hechos la violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
