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Washington.- Los abogados del expresidente Donald Trump apelarán "rápidamente" el fallo de una jueza del estado de Illinois que determinó este miércoles eliminar al republicano de las elecciones primarias de su partido por su papel en el asalto al Capitolio.
"Este es un fallo inconstitucional que apelaremos rápidamente", afirmó a través de un comunicado Steven Cheung, portavoz del expresidente.
Un juzgado del condado de Cook ordenó a la Junta Electoral de Illinois eliminar a Donald Trump de las papeletas electorales de las primarias del Partido Republicano por su papel en el asalto al Capitolio.
La decisión fue tomada por la jueza de circuito del condado de Cook, Tracie Porter, quien también emitió una suspensión inmediata de su propia orden para dar tiempo a los abogados del expresidente a apelar, hasta el próximo viernes.
Las primarias del Partido Republicano en Illinois se celebran el próximo 19 de marzo y tras esta decisión judicial el estado se convierte en el tercero en el que sucede algo similar, después de Colorado y Maine.
Cheung responsabilizó de esta decisión judicial a "grupos demócratas" que "continúan intentando interferir en las elecciones y negarle al presidente Trump el lugar que le corresponde en las papeletas".
El propio Trump publicó un mensaje tras conocerse la decisión judicial:
"Acaban de quitarme de la papeleta otra vez. Illinois acaba de decidir despojar a sus ciudadanos del derecho a votar por mí", apuntó el expresidente en un correo electrónico, de los varios que envía a diario, para pedir donaciones para su campaña.
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Tanto en Illinois como en Maine y Colorado, los jueces se han basado para tomar sus decisiones en la llamada "prohibición insurreccional" que aparece en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
Esta ya famosa Sección establece que ningún "miembro del Congreso o funcionario de Estados Unidos" que haya jurado la Constitución y "participado en una insurrección o rebelión" podrá ser "electo presidente o vicepresidente", entre otros cargos públicos.
Fue aprobada en 1868, después de la guerra civil, con el objetivo de evitar que pudieran volver al poder los rebeldes sureños de la Confederación que traicionaron la Carta Magna.
