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Los municipios de El Salvador lograron una reducción sostenida de su deuda pública en los últimos años, consolidando un cambio en la dinámica financiera local y mostrando avances en la gestión de los recursos, de acuerdo con un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su informe Panorama Fiscal 2026, el organismo detalla que la deuda de los gobiernos locales del país disminuyó de 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 a 2.2 % en 2024, principalmente debido a procesos de recontratación de pasivos y a la ejecución de proyectos de infraestructura vial que permitieron a los municipios mejorar la administración de sus compromisos financieros.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador, citado en el informe del organismo, atribuyó esta mejora a la aplicación de políticas de control y reestructuración de la deuda, así como a una mayor disciplina fiscal en las administraciones locales.
El estudio señala que esta evolución contrasta con la tendencia al alza observada en la deuda subnacional de otros países de la región durante la pandemia, cuando numerosos gobiernos locales relajaron restricciones de endeudamiento para financiar medidas de emergencia y atender necesidades sociales urgentes. En el caso salvadoreño, se combinó la búsqueda de financiamiento para obras prioritarias junto con una política conservadora en la toma de nuevos créditos.
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La deuda pública de gobiernos locales en El Salvador disminuyó del 2,5% al 2,2% del PIB entre 2020 y 2024, atribuida a la fusión municipal, recontratación y proyectos viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Impacto de las reformas administrativas y el FODES
La Cepal también resalta el impacto de reformas recientes que modificaron la estructura administrativa del nivel local. Una de las medidas fue la reducción del número de municipalidades, orientada a fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos y a consolidar modelos de gestión más centralizados para la distribución de fondos.
En junio de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que impulsada por el presidente Nayib Bukele que redujo de 262 a 44 el número de municipios en los 14 departamentos del país, con el objetivo declarado de generar un ahorro de USD 250 millones anuales en las finanzas públicas y bajo el compromiso de mantener las tradiciones culturales de los distritos reasignados.
El texto legal, denominado Ley Especial de Reestructuración Municipal, establecía que el territorio salvadoreño conservará su división en 14 departamentos, pero cada uno de los 262 antiguos municipios pasó a ser clasificado como “distrito municipal”. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la reestructuración administrativa permitiría un ahorro al reducirse gastos fijos en las alcaldías actuales.
Ese ajuste resultó en una menor participación relativa del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), el principal canal de transferencias hacia los gobiernos locales.
Alcaldía de San Salvador Centro. Foto Infobae/Cortesía Centro Histórico
De acuerdo con el informe de la Cepal, el promedio de transferencias intergubernamentales destinadas a los municipios salvadoreños se ubicó en 1.1 % del PIB entre 2020 y 2024. El organismo indica que la transición hacia un esquema más centralizado y el énfasis en la inversión en infraestructura vial han favorecido un mejor manejo de los recursos y una contención de los niveles de endeudamiento.
En términos regionales, El Salvador figura entre los países con un descenso destacable en la deuda local, junto a México. El reporte subraya que la experiencia salvadoreña podría servir como referencia para otros países que buscan reducir la vulnerabilidad fiscal derivada del endeudamiento subnacional.
La deuda pública estatal sigue elevada
La Cepal también aborda el contexto de la deuda pública del gobierno central y destaca que El Salvador mantiene uno de los niveles de deuda más altos de América Latina, cercano al 60 % del PIB al cierre de 2025. Esta situación representa un desafío para la sostenibilidad fiscal salvadoreña, dado que gran parte de esos compromisos se encuentra en manos de acreedores externos, lo que expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales y a posibles incrementos en los costos financieros.
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La entidad recomienda en su informe a las autoridades salvadoreñas continuar con la diversificación de las fuentes de financiamiento y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos locales y centrales. Además, el organismo regional señala la importancia de mantener la disciplina fiscal y aprovechar los avances logrados en la administración municipal para contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.
