Santo Domingo.- Miguel José Moya, implicado en el presunto entramado de corrupción Caso Medusa, lamentó no haber tenido la madurez para poder discernir de las dos identidades que aparentemente tenía el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de encabezar una asociación de malhechores que estafó al Estado con miles de millones de pesos.
"Yo conozco una, la otra, si existe como la han descrito, me reconozco ignorante e incapaz, porque este universo paralelo nos ha sorprendido a varios", afirmó en una entrevista exclusiva que concedió a la periodista Julissa Céspedes.
Moya consideró que de acuerdo al expediente del Ministerio Público, "estábamos en presencia de alguien muy perverso, de acuerdo a lo que se ha descrito, yo no puedo decir que es así".
En ese sentido, se defendió afirmando que si "los organismos más eficientes en términos de inteligencia e investigación (como la CIA) no sabían que este individuo era un delincuente peligroso y perverso", entonces "este simple dominicano no tenía la capacidad que ellos no tuvieron para descifrarlo".
Al exasesor Miguel José Moya se le impuso una medida de coerción concerniente a garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Aseguró que nunca cobró 20 millones de pesos para impartir unos talleres durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, alegando que el contrato eran de RD$3 millones y que en cuatro meses jamás recibió un centavo.
"Yo me enteró de esa situación cuando la oficina me dice, a los 4 meses, que allá no se le había pagado un peso a nadie", destacó.
Asimismo, negó que tuviera relación con el procurador Jean Alain, y que todo era con Rafael Cano, supuesta mano derecha de Rodríguez.
José Moya dijo que un colaborador muy cercano de su compañía, que había sido compañero de colegio de Jean Alain, le había recomendado trabajar con el ex procurador y la Procuraduría, a lo que se negó. Pero que luego por presiones accedió.
“Comencé en febrero del 2018, nunca conversé con él antes (Jean Alain), ni siquiera con Rafael Canó. No tuve ningún vínculo social con el procurador, ni siquiera con Cano", explicó durante una entrevista exclusiva con la periodista Julissa Céspedes.
De Moya dijo que por el sometimiento lo ha perdido prácticamente todo. “Yo hubiera preferido estar preso, porque estamos amenazado las 24 horas al día”, expresó.
Cuenta que, contrario a lo que le imputada el Ministerio Público, de que fue contratado para dar unos cursos al personal, "eso no es cierto". Pero, reconoce que aparentemente procesos internos de la Procuraduría, que él desconocía, indican que no había dado un servicio para el cual le pagaron. Dice que eso escapaba a su control.
“Mi obligación no era dar cursos, el contrato dice que yo debía impartir 14 capacitaciones, esas capacitaciones nosotros entregamos toda la documentación y el reporte que hacia RRHH internamente, yo no debía estar presente. Ellos dicen que como yo no estuve presente, dicen que es un fraude. Yo fui a dos, a una me llamó directamente el procurador”, indica.
Afirmó que “yo apoyo lo que está haciendo el Ministerio Publico. De que tenían razones para dudar de nosotros, yo creo que sí. Todas las acciones que ellos están haciendo yo lo respaldo”.
Sobre la oficina de comunicación Miguel José Moya, aseguró que no conocía a Patricia Elmudesi, ni la existencia de esa oficina, ni los 18 mil bots. “Emplazo a cualquier a que presente una prueba”, puntualizó.
Además del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, en el expediente del caso Medusa están implicadas otras 40 personas físicas y 22 empresas.
Guardan prisión el exprocurador Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
Está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
