Francisco Domínguez Brito, nacido el 28 de octubre de 1965 en Santiago, es abogado y político dominicano. Ha sido ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana (2016), ministro de Trabajo (2011), senador (2006), procurador general de la República Dominicana (2004 y 2012) y procurador fiscal del Distrito Nacional (1997).
¿Cuál es su nombre real?
Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. Hijo de los señores Pedro Domínguez Rosario y Elsa Brito de Domínguez.
En el Congreso se destacó por ser el senador con más leyes aprobadas en el cuatrienio 2006-2010; realizó significativos aportes a la Constitución de la República, proclamada en 2010, y recibió amplia aceptación por gestionar una vasta agenda de carácter cultural y educativo en favor de su provincia Santiago.
Como fiscal del Distrito Nacional y procurador general de la República persiguió y logró condenas significativas en crímenes que conmovieron a la sociedad dominicana en las últimas décadas del siglo XX e impulsó un programa de institucionalización de los sistemas de persecución penal y penitenciario. Como Ministro de Medioambiente rescató importantes áreas protegidas y parques nacionales invadidos y ocupados de manera ilegal.
Es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Hizo sus estudios primarios y básicos en el Colegio de La Salle en Santiago. En 1988 obtuvo una licenciatura en derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En 1991 completó una Maestría en Pensamiento Social en esta misma universidad y una Maestría en Derecho Civil en la Universidad Panthéon-Assas en París, Francia.
En el ámbito privado, ha sido asesor jurídico de la Cámara de Diputados de la República, profesor de ‘Historia de las Ideas Políticas’ en la PUCMM, Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), así como consultor de la Escuela Nacional de la Magistratura en relación al Programa de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal; del Proyecto de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), que opera con fondos de la Unión Europea; y del Proyecto de Investigación sobre Estadística Judicial implementado por el Centro de Estudios de Justicia de Las América (CEJAS) cuya sede se encuentra en Santiago de Chile, entre otras instituciones.
Además, es Notario Público de los del número de la Jurisdicción de Santiago, miembro de la Asociación de Abogados de Santiago y del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
El 16 de agosto del año 2004, mediante el decreto presidencial 861-04 el presidente de la República Leonel Fernández Reyna designó a Francisco Domínguez Brito como procurador general de la República. Al asumir el cargo, contaba con apenas 38 años de edad y se convirtió así en el procurador general de la República más joven de la historia contemporánea. Entonces declaró que su gestión estaría fundamentada en el sagrado compromiso de honrar la verdad, respetar al debido proceso y garantizar los derechos constitucionalmente protegidos para todos los dominicanos y dominicanas.
El reto institucional.
Al asumir como Procurador Domínguez Brito, se elaboró un plan estratégico que partió del análisis de los retos que presentaban para el Ministerio Público el Nuevo Código Procesal Penal (aprobado dos años antes), la implementación del Estatuto del Ministerio Público (aprobado un año antes), su interrelación con los demás entes del Sistema de justicia y la sociedad. A los fines de responder con efectividad al nuevo ordenamiento procesal, el Ministerio Público se orientó a establecer las dependencias y unidades necesarias para garantizar un mejor tratamiento y especialización técnica y científica. Recibió un presupuesto institucional de 654 millones de pesos dominicanos (18 millones de USD aproximadamente).
Formación y capacitación.
Consciente de que la tarea de adecuar teóricamente al Ministerio Público para un nuevo esquema procesal y la necesaria implementación de la carrera de los fiscales era de naturaleza monumental, Domínguez decidió abordar ambos temas de manera simultánea. La formación inicial de los candidatos a fiscales de carrera por un lado y la capacitación de los fiscales vigentes por el otro a través de los ‘Programas de Formación Extraordinarios’ se llevó a cabo a través de la nueva Escuela Nacional del Ministerio Público (ENP). Las primeras promociones de fiscales de carrera fueron incorporados a partir del año 2006.
En la administración de los recursos y prioridades.
Adecuar técnicamente y dotar de recursos tecnológicos apropiados al Ministerio Público necesitaba un empuje presupuestario considerable, por lo que Francisco Domínguez logró que la asignación para el año 2005 doblara la del año anterior (alcanzando 1,100 millones de pesos dominicanos). Debido al marcado deterioro y las condiciones deplorables que presentaba, se impulsó la transformación del sistema penitenciario a través de la conversión acelerada de los recintos carcelarios al denominado «nuevo modelo penitenciario».
En la primera etapa, 9 de las 35 cárceles del país fueron incorporadas al nuevo modelo. Al asumir la Procuraduría el sistema penitenciario del país apenas recibía un 16% (110 millones de pesos dominicanos) del presupuesto total de la institución; para el 2006 tras dos años de priorización, el gasto había aumentado a un 34% (509 millones de pesos dominicanos).
La tecnificación de la investigación criminal necesitaba institucionalizarse, y en varias oportunidades Domínguez abogó por la creación de una policía técnica judicial. Se en este período el Instituto nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Cooperación interinstitucional y transparencia. Como Procurador fue designado miembro de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC). Desde aquí impulsaron importantes iniciativas vinculadas a la regulación del régimen de compras y contrataciones del Estado, primero a través de un decreto Presidencial y luego a través del proyecto de ley que posteriormente regiría la materia. También se crearon las comisiones de ética pública y se establecieron programas de fomento y promoción de los principios establecidos en el Código de Ética del Servidor Público (Ley 120-01).
La nueva institucionalidad en la Procuraduría General de la República. Bajo esta gestión se crearon:
- la Oficina de Atención a las Víctimas; el Sistema de Información Criminal (SIC); la Unidad del Ministerio Público anti Lavado de Activos;
- Fiscalías Barriales o de la comunidad, implementando la resolución alternativa de conflictos, con el fin de ofrecer acceso rápido a la justicia, contribuyendo a la descarga de los casos, a la paz social y aliviando la sobrecarga de trabajo que anteriormente caracterizaba el antiguo sistema inquisitorio;
- Centros especializados de atención de violencia intrafamiliar en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega y Baní; con el fin de fortalecer los programas de atención a las víctimas de maltrato familiar; sensibilización de las instituciones que suelen detectar casos de violencia familiar, especialmente de las autoridades policiales, escolares y sanitarias, para que brinden la atención adecuada a las víctimas y, en su caso, procuren la intervención de las instituciones especializadas.
Senador por la provincia de Santiago (2006-2010)
Siendo procurador general de la República, el día 1º de febrero del año 2006 solicitó una licencia provisional para involucrarse en el proceso electoral a celebrarse el 16 de mayo de ese año:»(…)quiero informar que en el día de hoy estoy procediendo a solicitar una licencia por tres meses sin disfrute de sueldo…, a partir del 16 de febrero del presente año a los fines de asumir la candidatura de la senaduría por la provincia de Santiago”, expresó.
El 8 de agosto presentó formal renuncia al cargo de Procurador, para asumir la senaduría por la Provincia de Santiago.
Así, habiendo sido candidato oficialista por el PLD durante las elecciones congresionales y municipales celebradas en la República el día 16 de mayo del año 2006, Francisco Domínguez Brito se convirtió en el senador electo por la provincia de Santiago al obtener 156,499 votos válidos (53.25%).
Fue juramentado el día 16 de agosto de ese mismo año por el Presidente del Senado de la República Reinaldo Pared Pérez.
Se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada de decidir en los temas vinculados a la organización judicial, a la creación y supresión de tribunales, a la aprobación y discusión de códigos y leyes procesales, la administración penitenciaria; así como la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
