En tiempos donde la información circula en exceso y la superficialidad amenaza con debilitar la verdad, el periodismo enfrenta un dilema esencial: ¿debe limitarse a reproducir notas de prensa o asumir la responsabilidad de indagar y revelar hechos incómodos pero necesarios para la sociedad? El periodismo criminal de investigación, como el que realiza el reconocido periodista dominicano Ramón Tolentino, se ha convertido en un recurso invaluable para sacar a la luz actividades y personas que, aunque no registren antecedentes penales o procesos judiciales en curso, representan una amenaza real para la sociedad. Este tipo de periodismo no solo amplía la perspectiva pública, sino que enfrenta graves riesgos legales y personales, por lo que merece reconocimiento y protección.
a. El Riesgo de Difamación y la Presunción de Inocencia
La presunción de inocencia y el derecho a la honra son pilares en el marco legal dominicano, garantizados por la Constitución y el Código Penal. Sin embargo, estos principios colocan a los periodistas de investigación en una posición vulnerable cuando denuncian actos delictivos sin una sentencia judicial que los respalde. Surge entonces una pregunta crucial: ¿solo aquellos que han sido condenados por la justicia pueden considerarse delincuentes? La realidad es que existen personas y organizaciones criminales que operan en la sombra, eludiendo el sistema judicial, ya sea por deficiencias en la investigación o por influencias que frenan la acción de la justicia.
La amenaza constante de demandas por difamación e injuria desanima a muchos periodistas a denunciar, lo que genera un vacío informativo y limita la labor investigativa. El temor a represalias legales frena a quienes podrían contribuir a esclarecer hechos fundamentales para la sociedad. Así, los ciudadanos quedan desinformados y desprotegidos, sin acceso a información relevante para su seguridad y bienestar.
b. La Paradoja de Criminalizar el Periodismo de Investigación Criminal
La mayor amenaza es la paradoja de criminalizar a quienes denuncian conductas delictivas en nombre del bien común. Los periodistas de investigación criminal enfrentan peligros personales, amenazas a su integridad física y emocional, y muchas veces a la de sus familias, todo con el fin de cumplir su deber de informar. Sin embargo, el sistema legal parece diseñado para proteger más a quienes son objeto de denuncia que a quienes arriesgan todo para difundir la verdad.
El periodismo de investigación criminal necesita un reconocimiento especial dentro del marco jurídico. La naturaleza de esta labor exige una regulación que distinga entre los informes realizados con responsabilidad y rigor, y el mero acto de dar información sin fundamento. Las regulaciones propuestas deberían incluir disposiciones que permitan a los periodistas investigar sin temor a represalias legales injustas, siempre y cuando actúen con ética, precisión y profesionalismo. Una normativa de este tipo no solo protegería la libertad de expresión, sino que también fortalecería el derecho de los ciudadanos a recibir información esencial.
c. El Papel del Estado y las Instituciones en la Protección de la Investigación Periodística
La protección de los periodistas de investigación es un asunto de interés público y de seguridad ciudadana. Los legisladores dominicanos, el Colegio de Periodistas y otras instituciones tienen la responsabilidad de crear un marco regulador que garantice la protección de esta actividad como una defensa del acceso a la verdad. Implementar un marco normativo que respalde el periodismo de investigación debe estar acompañado de programas de capacitación y profesionalización, para asegurar que las denuncias se realicen de forma ética y fundamentada.
Asimismo, el Estado debe establecer canales seguros para que los periodistas puedan realizar sus investigaciones sin enfrentar amenazas a su integridad o a la de sus familias. Esto podría incluir protocolos de protección de identidad, seguros de responsabilidad civil, e incluso la creación de un fondo de apoyo para periodistas que enfrenten represalias legales. Reconocer oficialmente la importancia del periodismo de investigación significaría reforzar la idea de que la libertad de expresión es no solo un derecho, sino un pilar esencial para la seguridad y el bienestar social.
d. Hacia una Cultura de Responsabilidad Periodística y Jurídica
La protección del periodismo de investigación debe ir acompañada de una cultura de responsabilidad en su ejercicio. El periodismo debe comprometerse a basarse en pruebas verificables, testimonios creíbles y fuentes confiables. Las instituciones que respaldan a los periodistas, como el Colegio de Periodistas, deberían colaborar en la creación de códigos de ética y estándares que guíen la manera en que se abordan investigaciones criminales, asegurando que las denuncias se fundamenten adecuadamente y no caigan en el sensacionalismo.
Por su parte, el sistema judicial debe estar preparado para diferenciar entre el derecho a la información y los actos que constituyen difamación o injuria infundada. La responsabilidad de jueces y fiscales es crucial para que el marco jurídico proteja tanto la libertad de expresión como los derechos individuales, evitando que la denuncia fundamentada de hechos criminales sea malinterpretada o manipulada en favor de quienes buscan intimidar o silenciar a los periodistas.
e. La Colaboración Necesaria entre el Periodismo y el Sector Jurídico
Como abogado y representante de la firma Logística Legal, el autor extiende una invitación a trabajar en conjunto para construir las bases de un marco legal protector. El periodismo de investigación es una herramienta esencial en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, y su fortalecimiento es fundamental para la sociedad. La firma está dispuesta a colaborar en el diseño de mecanismos legales que permitan a los periodistas realizar sus investigaciones sin miedo, protegiendo así la libertad de expresión y la integridad de la información.
Es imperativo que se establezca una regulación especial para el periodismo de investigación criminal, permitiendo que los profesionales actúen con confianza. No se trata de exceder la ley ni de permitir difamaciones injustificadas, sino de establecer un sistema en el que los periodistas puedan cumplir su misión sin temor a represalias legales desproporcionadas. Porque, en última instancia, un periodismo comprometido con la verdad es un aliado en la lucha contra la delincuencia que aún no ha sido alcanzada por la justicia.
Hoy, más que nunca, es necesario asegurar que las denuncias de estos actos se realicen sin temor y que los periodistas que actúan con ética y profesionalismo puedan contribuir al bienestar de la sociedad. Una justicia que llega tarde es una justicia insuficiente. Como nación, no se puede permitir que la verdad quede silenciada por temor a repercusiones legales. La denuncia no debe ser un acto de riesgo, sino un derecho. Y el autor, junto a su firma, se compromete a trabajar incansablemente hasta que ese derecho esté asegurado.
